Gobierno de Nicolás Maduro violaría una vez más la Constitución de Venezuela

Por Carlos Vilchez Navamuel

CIDH

Al insistir en denunciar ante la Corte Americana de Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José y retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el gobierno de Nicolás Maduro estaría violando nuevamente la Constitución.

Esta nueva “aventura” se inició cuando  el ex presidente  Hugo Chávez (QEPD)  encomendó en abril del 2012 al Consejo de Estado, para que  “Como primera tarea, elaborara una serie de recomendaciones para la salida de Venezuela de la CIDH”.  El abogado constitucionalista, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  y especialista en derechos humanos Carlos Ayala Corao,  afirmó en una entrevista  el año pasado que  “Venezuela no podría desincorporarse por una decisión del Poder Ejecutivo y ni siquiera de la Asamblea Nacional. Tendría que recurrir a los procedimientos de reforma constitucional. En el artículo 339 de la Constitución Nacional están incluidos los tratados sobre Derechos Humanos como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No se puede modificar la carta magna por un acto del Ejecutivo, ni siquiera promulgando una ley de la Asamblea Nacional.” http://prodavinci.com/2012/05/11/actualidad/carlos-ayala-corao-%C2%BFpor-que-venezuela-no-puede-salirse-de-la-cidh/



El periódico Universal  del 08-09-13  nos dice que El catedrático en Derecho Constitucional, Arturo Peraza, advirtió que la Asamblea Nacional Constituyente en su disposición octava establecía que “Una vez instalada la Asamblea, esta deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos”.

Peraza activista pro Derechos Humanos aseveró también que  “El Ejecutivo Nacional no puede desconocer sus orígenes al tomar una decisión que contradice abiertamente una de sus primeras medidas: La de llamar a una Constituyente. Una de las pocas restricciones que el presidente Hugo Chávez le fijó a esa poderosísima instancia fue que ella debía ajustarse a lo establecido en los tratados suscritos, entre ellos la Convención Americana” Y agregó que “La Carta Magna blinda la permanencia de Venezuela dentro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

Esta opinión es compartida también por el jurista Luis Herrera Orellana, quien recordó que “La Constitución menciona expresamente al Pacto de San José en su artículo 339, al establecer que los decretos de estados de excepción debe cumplir con las exigencias establecidos en él; pero además en el artículo 23 le da rango constitucional y en el 31 le reconoce a los ciudadanos el derecho de presentar quejas y peticiones ante organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos como la Corte”.

Sin embargo y dicho todo esto, pensamos -lamentablemente- que este gobierno chavista seguirá hasta el fin la orden que el fallecido les encomendó, sin importar las consecuencias que esto les pueda traer.

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